La defensa frontal de la independencia judicial por parte de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un gesto exclusivo de la administración de Norma Lucía Piña Hernández. En el sexenio de Felipe Calderón, el entonces titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), Juan Silva Meza, tuvo que hacer lo propio en diversas ocasiones.
Desde su llegada a la presidencia de la Corte –en enero de 2011– Silva Meza anunció que el Consejo de la Judicatura Federal arroparía a sus jueces (Proceso 1784), en momentos en que el entonces titular del Ejecutivo responsabilizaba a los impartidores de justicia de obstaculizar lo que definió como “guerra al narcotráfico”.
“Nuestros jueces y magistrados, si bien habrán de ser más exigidos, habrán de ser más arropados”, afirmó en su discurso de toma de protesta como presidente de la SCJN.
En ese momento el presidente Felipe Calderón acusó a los jueces de ser meros verificadores de requisitos y dijo que esto fue lo que llevó al asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, ocurrido cuando la mujer realizaba una protesta frente al palacio de Gobierno de la entidad.
En los meses siguientes, el titular del Ejecutivo federal lanzó al Poder Judicial diversos llamados a realizar una depuración de los jueces que no estaban comprometidos con la justicia.
Mientras era duramente criticado por su estrategia, que mantuvo al Ejército en labores de seguridad pública, Calderón prefirió acusar a los juzgadores de estar en las nóminas del crimen organizado y de que, por ello, muchos de los casos consignados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Marisela Morales, no tenían éxito en tribunales.
En ese contexto llegó el 16 de diciembre de 2011, fecha en que Silva Meza rindió su primer informe de labores en el que, de frente al mandatario federal, advirtió que el PJF no acepta consignas ni injerencias de ningún tipo y defendió las sentencias de sus juzgadores.
“Proteger la independencia de los jueces es una de nuestras mayores preocupaciones. No vamos a aceptar consignas ni influencias que alteren el funcionamiento de los órganos que pretendan vulnerar la autonomía de juicio con que resuelve un juez”, dijo.
En el evento, realizado en el edificio sede de la Corte, estuvieron presentes tanto Felipe Calderón como la titular de la PGR, Marisela Morales, y el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quienes al igual que el Ejecutivo federal cuestionaron públicamente varias resoluciones judiciales emitidas ese año.
“Entendemos que a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto social, político o mediático, causen dificultades para algunos actores públicos… No compartimos que se desacrediten sin fundamentos”, apuntó Silva Meza.
Para ese momento se enfrentaba una de las más grandes crisis de inseguridad registradas hasta ese momento, con el incremento de ejecuciones perpetradas por integrantes del crimen organizado; desapariciones de personas y enfrentamientos entre elementos de las Fuerzas Armadas y los cárteles de la droga en calles de diferentes ciudades.
“Ninguna emergencia será válida ante los tribunales de la federación para justificar cualquier acción que, en los hechos, vulnere o pase por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución”, añadió Silva Meza.
Las presiones desde el Ejecutivo se agudizaron con el llamado caso Cassez. En marzo de 2012 la SCJN se preparaba para votar el proyecto que planteaba la liberación absoluta de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro y cuya detención fue parte de un montaje televisivo orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública.
Esto provocó al gobierno federal a actuar desde distintos frentes para ejercer presión sobre los ministros.
Proceso
